A pesar de que la administración de los 24 establecimientos educacionales bajo la jurisdicción de la Corporación Municipal de Ancud ha estado en manos de un administrador provisional desde agosto, los actos pasados de esta entidad continúan siendo objeto de escrutinio por diversas instituciones gubernamentales.
Uno de estos organismos investigadores es la Superintendencia de Educación (SIE), encargada de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos en el sistema educativo. Recientemente, a través de una resolución exenta emitida por la Dirección Regional Los Lagos de la SIE, se ha confirmado que la Corporación Municipal de Ancud no cumplió con la entrega oportuna de información que respaldara la disponibilidad de los saldos de subvenciones y aportes estatales recibidos durante el año 2021.
Según lo estipulado en el artículo Nº 76 de la Ley 20.529, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media, y su supervisión, la falta de suministrar información solicitada por las entidades que conforman el sistema, como la Superintendencia de Educación, constituye una infracción grave para las instituciones sostenedoras.
Este caso se agrava aún más debido a que en los años 2018, 2019 y 2021, la Corporación Municipal de Ancud ya había sido sancionada por la Superintendencia por razones similares: la falta de entrega de información sobre saldos no acreditados. Conforme a la normativa educativa, cuando existen saldos sin acreditar, estos se trasladan al saldo inicial del año siguiente, lo que permite a la entidad sostenedora acreditar los montos mediante los procesos de rectificación establecidos por la Superintendencia.
Desde la primera sanción hasta la última registrada en 2023, el monto de los saldos de subvenciones y aportes estatales no acreditados por la Corporación Municipal de Ancud ha aumentado significativamente, pasando de 1.840.279.875 pesos a 6.306.529.262 pesos.
Fernando Pérez Barrera, director regional de Los Lagos de la Superintendencia de Educación, comentó sobre la gravedad del asunto: «Lo que ha sucedido en Ancud con la administración de los establecimientos educacionales es sumamente grave, y durante este año hemos presenciado cómo la continuidad de la prestación del servicio educativo ha estado en peligro, lo que podría afectar el derecho a la educación de miles de niños y adolescentes en la provincia de Chiloé«.
Añadió: «Como parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, es nuestra responsabilidad velar por el adecuado uso de los recursos públicos otorgados a las instituciones sostenedoras. Dada la gravedad y la repetición de las infracciones, se ha determinado sancionar a la Corporación Municipal de Ancud con la inhabilitación perpetua para obtener y mantener la calidad de sostenedor, en relación con su representante legal, que es el alcalde«.
Una vez notificada de esta resolución, la entidad sostenedora tiene un plazo de 15 días para presentar un recurso de reclamación, que será revisado por la autoridad nacional del Servicio.