El viernes pasado, la autoridad penitenciaria de Ecuador anunció el hallazgo de los cuerpos de seis hombres colombianos acusados de asesinar al candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, en una prisión de Guayaquil. Villavicencio, un destacado periodista, activista y legislador, fue asesinado a la salida de un acto de campaña en agosto, lo que conmocionó a un país ya sacudido por el creciente poder de la industria del narcotráfico.
El ataque ocurrió apenas 11 días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que Villavicencio se encontraba en una posición intermedia entre los ocho candidatos. Su muerte puso de manifiesto los vínculos entre el crimen organizado y el gobierno ecuatoriano, una realidad que él denunciaba abiertamente. Las autoridades estadounidenses ofrecieron recompensas millonarias por información que condujera a la detención de los autores intelectuales y de los líderes de las bandas responsables.
La noticia de la muerte de los acusados del asesinato surge a solo ocho días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el 15 de octubre. En esta etapa, se enfrentarán Daniel Noboa, un empresario de centroderecha, y Luisa González, una izquierdista del establishment. La sospecha generalizada inicialmente era que los colombianos eran sicarios y que el asesinato había sido un encargo de personas influyentes.
Ante este suceso, el presidente Guillermo Lasso, desde Nueva York, anunció su regreso a Ecuador y su inmediata reunión con el gabinete de seguridad. En su mensaje en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), afirmó su compromiso con la verdad y desmintió cualquier complicidad o encubrimiento en el caso. La incertidumbre rodea este trágico episodio, mientras el país se prepara para una elección presidencial crucial en medio de la creciente violencia vinculada al crimen organizado.