En nuestra nación, el derecho al aborto enfrenta amenazas debido a las posturas conservadoras promovidas por la ultraderecha y las instituciones religiosas. Además, la coalición de gobierno, Apruebo Dignidad, ha cedido ante el avance de la ultraderecha mediante acuerdos con partidos del establishment político. Estos acuerdos, como el Acuerdo por Chile que dio inicio al proceso constitucional actual y el Acuerdo por La Paz que lo precedió, han mantenido en gran medida la herencia de la era Pinochet, ya que las votaciones en el Consejo Constitucional y el proceso de elección de convencionales han estado sesgados hacia las coaliciones y partidos tradicionales. Esto ha evidenciado una amenaza clara a nuestros derechos sexuales y reproductivos, como se demostró recientemente con la votación de una enmienda que cuestiona el derecho al aborto al afirmar que «todo ser humano es persona».
Históricamente, en Chile existía el aborto terapéutico desde 1931, y en la década de 1970, los trabajadores de la salud gestionaron un aborto libre, seguro y gratuito. Sin embargo, durante la dictadura cívico-militar, este derecho fue anulado en 1989 y desde entonces ha estado sujeto a sanciones en virtud de nuestra legislación. Fue gracias al movimiento de mujeres y personas disidentes en términos de género que el tema del aborto se convirtió en una cuestión de movilización y debate en lugares de estudio y trabajo, lo que finalmente llevó a la promulgación de la Ley 21.030 en septiembre de 2017. Esta ley permite la interrupción voluntaria del embarazo en tres circunstancias específicas: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad del feto fuera del útero y embarazo resultado de una violación. Sin embargo, el Código Penal todavía sanciona el aborto fuera de estas condiciones.
Posiciones sobre el derecho al aborto La Coordinadora Feminista 8 de Marzo, junto con otras organizaciones históricas que defienden los derechos de las mujeres, ha convocado a una movilización en defensa del derecho al aborto y su despenalización para este jueves. En palabras de la Coordinadora Feminista 8M, regresan a las calles como la Marea Verde, ya que creen que es esencial mantenerse activas como feministas en momentos en que los discursos fascistas están en aumento.
Es importante recordar que el movimiento de mujeres fue fundamental para el ascenso de Gabriel Boric al cargo de presidente, debido a su promesa de despenalizar el aborto. Incluso, algunas organizaciones como la Coordinadora Feminista 8M instaron a votar por el gobierno de Apruebo Dignidad. Sin embargo, hasta ahora el gobierno no ha avanzado en la despenalización del aborto y solo ha mantenido una promesa incumplida.
Tras la indignación de diversos sectores, incluyendo trabajadores, mujeres y jóvenes, por los resultados de las votaciones de enmiendas durante la primera semana del Pleno del Consejo Constitucional, donde se cuestiona el derecho al aborto, la derecha y la ultraderecha han adoptado una postura defensiva. Beatriz Hevia, Presidenta del Consejo Constitucional y miembro del partido ultraderechista Partido Republicano, ha afirmado que el tema del aborto debe ser resuelto en el Congreso y no en el Consejo Constitucional.
Por otro lado, algunos sectores del gobierno también se han defendido, apelando a la unidad nacional. El Partido Por la Democracia (PPD), que forma parte de la ex Concertación, ha expresado su preocupación y apoyo al aborto en tres causales. María Antonieta Saa, consejera constitucional del PPD, ha planteado su oposición a cualquier cambio que vulnere la democracia, la participación y los derechos en la nueva Constitución.
Es hora de retomar la lucha por el derecho al aborto en nuestros espacios cotidianos. Joseffe Cáceres, líder sindical de los funcionarios del ex pedagógico y portavoz nacional de la agrupación Pan y Rosas, llama a tomar esta causa en los lugares de estudio y trabajo, denunciando el fraude constitucional y utilizando esto como un punto de partida para la movilización. Destaca la importancia de un movimiento independiente de los partidos que han estado en el poder durante 30 años y que han postergado las demandas de mujeres, estudiantes y trabajadores. Un movimiento que busque enfrentar el avance ideológico de la derecha y la ultraderecha en nuestros barrios, lugares de trabajo y estudios, sin depender políticamente del gobierno de Apruebo Dignidad y su presidente, Gabriel Boric.